HACIENDO CAMINO

Ex funcionario de Reagan admitió que EEUU conocía el plan de robo de bebés

2012-02-18T17:38:00.000-08:00

Elliot Abrams, ex integrante de la Subsecretaría de Estado, reveló detalles de contactos con el ex embajador argentino en Estados Unidos, Lucio García del Solar . “No eran sólo dos niños; o uno o dos oficiales. Existía un patrón”, puntualizó.

El 3 de diciembre de 1982, el lujoso Hotel Ritz-Carlton de Washington fue la sede de un encuentro entre el entonces embajador argentino en Estados Unidos, Lucio García del Solar, y Elliot Abrams, quien se encontraba al frente de la oficina de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Estado norteamericana . El funcionario estadounidense declaró por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal 6 sobre esa reunión, en la que García del Solar reconoció el robo de bebés a padres desaparecidos o asesinados y su entrega a familias “adoptivas”.
“Estábamos al tanto de la situación de los niños y que no eran uno o dos niños, o uno o dos oficiales involucrados. Pensábamos que existía un patrón o plan, porque había mucha gente asesinada o detenida. También pensábamos que los militares habían decidido que algunos de esos niños se les iban a entregar a otras familias. Era un problema de Derechos Humanos, pero también de políticas públicas de Argentina, y el nuevo gobierno iba a tener que ver qué hacía en ese sentido”, aseguró ayer en el juicio por el Plan Sistemático de Robo de bebés el político conservador que fue funcionario de Ronald Reagan y de George W. Bush .

Nota completa:

http://www.diasdehistoria.com.ar/content/ex-funcionario-de-reagan-admiti%C3%B3-que-eeuu-conoc%C3%AD-el-plan-de-robo-de-beb%C3%A9s

Papel Prensa: la alianza entre los tres diarios y las tres armas

2012-02-18T16:52:00.001-08:00

Las pruebas que vinculan a Magnetto con el interrogador de los Graiver

Publicado el 5 de Septiembre de 2010

Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso
Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del Ejército: la burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba “los interrogatorios” a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos.
Ya nada será igual, nada, después de la publicación de estos documentos secretos a los que Tiempo Argentino accedió de manera exclusiva. Se trata del epílogo a una intensa labor de este colectivo de trabajo periodístico que durante seis meses investigó el robo a los Graiver de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto.
Hasta hoy.

Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. [1] La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar –la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti– también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. [2]
Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos.
Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. [3] La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente.
El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.
Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)
En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver.
Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino.
Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reu-nían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. [4]
En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.” Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura.
Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico. Lo mismo ocurrió con Eva Gitnach de Graiver, la mamá de David, a quien sentaron frente al Consejo de Guerra para interrogarla: “¿Participó en la venta de acciones de Papel Prensa?” “Sí”, contestó. “La llevaron a firmar la venta, pero no participó en las reuniones previas en que se decidió dicha venta.
–Preguntado: ¿Actuó en el movimiento pro liberación de Cuba?
–Contestó: No sabe qué es.” [5]
¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reu-nía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les “tomaba declaraciones” a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una “prevención sumarial”, es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por “el Oficial Superior Preventor” (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo –cuando la ocasión se presentara– ante el fuero judicial. En el caso de los Graiver, el operativo de “legalización” lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). [6] Así de ilegal, así de perverso.
La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas.
Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta”.
Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos.
Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?
El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.
Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.” [8]
El 12 de abril secuestraron a Rafael Ianover, el último eslabón del grupo. Ya toda la familia estaba en el limbo de las desapariciones y el entramado empresario desarticulado. La Junta Militar sabía que tenía que evitar que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver. ¿Cómo podían lograr que la justicia no interviniera? Determinando un poder superior al judicial: el del secuestro y la interdicción (privación de un derecho civil). Así lo hicieron el 19 de abril. La Junta Militar reconoció, finalmente, tener detenidos a los Graiver y su entorno. Se les aplicó el artículo 2 del acta del 18 de junio de 1976, incisos “a”, “d” y “e”: perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”. La CO.NA.RE.PA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, lo haría en su lugar. El delirio del régimen llegó al paroxismo ese día, cuando la imputación fue realizada a dos personas ya fallecidas: David (cabeza del grupo) y Jorge Rubinstein (su mano derecha).
Todo esto parece surrealista. Inexplicable. Pero así ocurrió. La contundencia de los documentos elaborados por la burocracia asesina es inapelable. Se sabía que los represores no tuvieron límites y llegaron a los más bajo de la condición humana.
Pero no descendieron a esos infiernos en soledad.
Acá están las pruebas. FUENTE: http://tiempo.elargentino.com/notas/las-pruebas-que-vinculan-magnetto-con-interrogador-de-los-graiver

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN: UNA VIEJA ASIGNATURA PENDIENTE

2012-02-17T09:27:00.003-08:00

El derecho a la información está consagrado por la Constitución Argentina, por ser una regla de juego fundamental de un sistema republicano de gobierno. En 2003, el Presidente Kirchner dictó el Decreto N° 1172 mediante el cual, entre otras disposiciones, se reconoció el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que generan los diferentes organismos del Poder Ejecutivo. Para ello, estableció un mecanismo que los obliga a brindar la información que los ciudadanos requieran, dentro de plazos perentorios y con escasas restricciones, sólo justificadas por razones estrictamente contempladas en la norma.

Esta política reconocía al derecho a la información pública como un derecho propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno. La naturaleza democrática y representativa de la República demanda a los funcionarios públicos y a los representantes del pueblo, rendir cuenta de sus actos.

Si bien la norma ratificaba un precepto constitucional, el acceso a la información pública como derecho ciudadano, no se ha plasmado todavía en una ley que asegure la plena vigencia de esta herramienta democrática. Además, los plausibles objetivos del decreto vigente no se han cumplido plenamente; más bien, la experiencia tiende a demostrar que el derecho a la información pública aún enfrenta, en nuestro país, restricciones, tanto en términos de acceso a sus fuentes, como de ocultamiento o distorsión de los datos.

Debemos reiterar, en tal sentido, los problemas que genera la desinformación parcial que padece el país, agravada desde la intervención del INDEC. Sus estadísticas sobre evolución de precios, cuestionadas por prestigiosas e insospechadas instituciones académicas y del propio Estado argentino, también han merecido oportunamente la crítica del Plan Fénix. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas acaba de expresar su cuestionamiento al Estado argentino con relación a su producción de datos estadísticos y su accesibilidad, señalando que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del INDEC recuperen su credibilidad y que las metodologías utilizadas para su elaboración sean accesibles y debidamente difundidas. El comienzo de un nuevo período de gobierno parece una oportunidad inmejorable para impulsar un rápido abordaje y solución de esta situación.

Pero también se observan problemas en varias otras áreas. Hoy, por ejemplo, no puede obtenerse fácilmente información sobre los padrones de beneficiarios de ayuda social, la distribución de publicidad oficial, los informes de la SIGEN o los avances producidos en el plan energético del país. Además, ciertas informaciones han sido interrumpidas o suprimidas, como la que detallaba las audiencias concedidas por funcionarios públicos o el portal que daba cuenta de las solicitudes de información al Poder Ejecutivo por parte de la ciudadanía. Estas restricciones al acceso a la información pública no se reducen al Poder Ejecutivo, también alcanzan a los otros poderes del Estado y han sido denunciadas en diversas provincias.

En septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto que establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. Pero en la Cámara de Diputados no fue aprobado y, de hecho, suman más de una decena los proyectos de ley sobre el tema que han sido estudiados en el seno de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de esa Cámara, aún sin resultado. Por segunda vez, un proyecto de acceso a la información pública ha tenido tratamiento en las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, avanzando en las dos Cámaras sin conseguir convertirse en ley.

En la actualidad, casi 100 países cuentan con una normativa sobre este tema, y en América Latina son pocos los que aún no la tienen, entre ellos la Argentina, donde 13 provincias ya disponen de una norma al respecto. En el ámbito internacional, diferentes instancias jurisdiccionales, como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el acceso a la información constituye un derecho humano y que debe ser promovido y protegido como tal por los Estados.

Esta norma es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable. Es indispensable para el control ciudadano de los actos públicos, la rendición de cuentas y el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. La sanción de la ley impediría que los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas. Debería obligarse también a las empresas prestatarias de servicios públicos y concesionarias del Estado y a todas sus dependencias a brindar toda la información que los usuarios y la ciudadanía en general necesiten para ejercer un efectivo control de sus actividades y prestaciones. La calidad de dicha información debería estar garantizada por los organismos públicos que tienen a su cargo el control sistemático y oportuno de sus actividades.

La información es indispensable porque es la base del conocimiento y éste es crucial para la acción. Por lo tanto, la negativa a brindar información, su ocultamiento o su distorsión, impiden que ciertas realidades se conozcan o difundan. Por cierto, las restricciones al acceso al flujo de información de interés público pueden verificarse en mayor o menor medida en todos los países, tanto en el sector público como en el privado, tal como lo atestiguan en la Argentina las respuestas obtenidas en los censos económicos. Esta tendencia debe ser contrarrestada por una exigencia sistemática de transparencia por parte de la ciudadanía.

El conocimiento es fundamental para interpretar la realidad social o adoptar decisiones racionales. Cercenar el derecho a la información es, entonces, ocluir la posibilidad de que pueda ser utilizada por los ciudadanos, la academia, los empresarios, los trabajadores o cualquiera que la requiera para esclarecer algún tema o decidir entre opciones. Implica, en definitiva, negar un elemental derecho humano.

Cabe al Estado la responsabilidad de garantizar y respetar la vigencia de este derecho, facilitando su efectivo ejercicio. Esta garantía debe concretarse no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino también de los demás poderes, provincias y municipios, por tratarse de una política de Estado.

Plan Fénix

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Buenos Aires

Febrero de 2012

FALSOS DILEMAS DE LA "CUESTION MINERA"

2012-02-17T09:24:00.000-08:00

APORTES PARA EL DEBATE

Corvaglia, Roberto Voces sobre megaminería

Miércoles 15 de febrero de 2012

Como abogado de los vecinos de Andalgalá, Catamarca, que se oponen a la Megamina de Agua Rica, recojo la invitación formulada por la señora Presidenta de debatir la cuestión minera. La oportunidad es propicia, ya que se cumplen dos años de la feroz represión que sufrió la gente de Andalgalá por orden del gobernador radical Brizuela del Moral, y ahora se teme que -pese a haber cambiado las autoridades provinciales- vuelva a producirse otra. Aclaro mi condición de militante kirchnerista a fin de que no se me sospeche de intencionalidades aviesas o animosidad contra la actual gobernadora.

Para debatir con seriedad, conviene dejar a un lado deformaciones -intencionadas o no- que circulan en la discusión pública, disipando falsos dilemas.

1) NADIE SE OPONE A LA MINERIA SINO A LA MEGAMINERIA DEPREDATORIA

Los pueblos cordilleranos no estan en lucha debido a una "irracional oposición a la minería y al desarrollo", como piensan algunos, o a la "interferencia de agitadores foráneos", sino por motivos legítimos y serios. Muchos de estos pueblos, como Andalgalá, tienen una tradición minera secular, y a nadie se le ocurre que haya que abolir la minería en general, como a nadie se le ocurre que se deba dejar de cultivar los campos, actividades económicas básicas. Por tanto, quédense tranquilos los mineros de Olavarría o de Río Turbio: la cosa no va contra ellos.

La oposición es a la MEGAMINERÍA A CIELO ABIERTO DE ALTO IMPACTO EN CERCANIAS DE LAS CIUDADES O DE SUS FUENTES DE AGUA, que llevan adelante las multinacionales aplicando metodologías restringidas en sus países de origen, y que amenazan con desertificar y destruir el entorno donde estos pueblos se asientan desde antiguo.

Andalgalá es una ciudad de 20.000 habitantes ubicada en el oeste catamarqueño, segunda en importancia luego de San Fernando. Los pobladores viven de actividades tradicionales de agricultura, minería, comercio, turismo, administración. La vida es tranquila y el entorno hermoso, ya que se encuentra ubicada al pie del Nevado del Aconquija, declarado santuario natural por la carta orgánica municipal. Justamente en el Nevado, a sólo 17 km de la ciudad y a 3200 metros de altitud, se intentó establecer una megamina -Agua Rica- cuyas dimensiones se estiman en tres veces las de Bajo La Alumbrera, y su vida útil en 24 años. Este megaemprendimiento, proyectado por una multinacional al amparo de la legislación sancionada por el menemismo -que permite que se lleven al extranjero las riquezas obtenidas con muy poco beneficio proporcional para el erario-, fue evaluado por un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional del Tucumán (la cual, dicho sea de paso, es claramente prominera y no está manejada por "locos ambientalistas"), y resultó que tenía serios inconvenientes para el medio ambiente y la salud de los andalgalenses. Por la ubicación de la mina y su escombrera en las nacientes del río Andalgalá, en zona de inestabilidad geológica, se determinó que había posibilidades ciertas de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con residuos tóxicos, contaminación crítica de la atmósfera por la suspensión de partículas producto de las detonaciones masivas, contaminación visual del paisaje, contaminación auditiva y vibraciones, y peor aún, riesgo de avalanchas y desplazamientos masivos de material sobre la ciudad que podía quedar tapada de barro y piedras (como de hecho ha ocurrido en varios lugares del mundo). El minero de Olavarría puede ridiculizar el reclamo de los andalgalenses porque no es él quien corre el riesgo de perder su casa, sus propiedades, su salud y su trabajo a causa de un emprendimiento tan peligroso y tan mal ubicado.

Incluso se llegó a proyectar, en el delirio de los megaemprendimientos, la explotación de un yacimiento conocido como Pilciao 16, el cual se encuentra situado ... ¡en el subsuelo mismo de la ciudad del Andalgalá! ¿Cómo se haría? Echando a los habitantes y pagándoles una misérrima indemnización. Oponerse a esto es para algunos oponerse al "progreso".

La megaminería se basa en la búsqueda de partículas minerales dispersas en grandes masas montañosas y no en vetas o yacimientos concentrados. Para ello las multinacionales desarrollaron un procedimiento consistente en la voladura y triturado de cerros enteros, detonando toneladas de explosivos por día. Los restos se someten a una "sopa tóxica" para separar los metales, la cual insume millones de litros de agua diarios y requiere la aplicación de productos químicos altamente venenosos. En zonas de fallas geológicas como la de Agua Rica hay riesgos de filtraciones al subsuelo. El agua requerida se extraería de las reservas acuíferas que tienen más de diez mil años de antigüedad y que son el reaseguro futuro de las poblaciones de la zona, la cual se caracteriza por su extrema aridez. Las partículas en suspensión en el aire pueden producir cáncer y otras enfermedades respiratorias. Cuando termina sus actividades, la multinacional se retira y deja tierra arrasada. Todo para extraer un metal de valor convencional y suntuario cuyo utilidad industrial es ínfima y cuyas ganancias aprovechan los países de origen. El Parlamento Europeo recomendó prohibir este tipo de megaminería en 2010. Pero los andalgalenses deben ser silenciados porque se oponen al "progreso". ¿Al progreso de quién?

2) PODEMOS DESARROLLARNOS SIN DESTRUIR EL ENTORNO

Otro falso dilema consiste en contraponer el desarrollo al cuidado del medio ambiente. Esto se origina en la experiencia histórica de Europa y Estados Unidos, que llevaron adelante sus procesos de industrialización y desarrollo capitalista, en los tres últimos siglos, con un gran costo ambiental, deteriorando sus riquezas naturales de manera calamitosa. América del Sur -el continente de Naturaleza más rica y biodiversa del mundo- ha comenzado un proceso de desarrollo altamente positivo para sus pueblos, y tiene la ventaja de poder llevarlo adelante aprendiendo de los errores ajenos para no repetirlos. Tenemos la oportunidad histórica de desarrollarnos sin destruir nuestros magníficos bienes naturales. El desarrollo al que pueden y deben aspirar nuestros pueblos implica la utilización de esos bienes naturales de manera racional y sustentable, sin arrasarlos ni "matar a la gallina de los huevos de oro", entendiéndolos como un patrimonio que debe ser administrado pensando tambien en las generaciones futuras, para que no se encuentran a su tiempo con un continente devastado. Esto se puede hacer si nuestros pueblos dejan de pensar el desarrollo como una imitación servil de los paradigmas agotados del Primer Mundo. El neodesarrollismo actualmente en boga contiene resabios de pensamiento colonizado que deben ser reexaminados y rediscutidos, ya que no sólo los gobiernos son "gobiernos en disputa", sino tambien lo son los modelos de desarrollo.

Apoyo fervientemente a los gobiernos populares de América Latina, que obtuvieron grandes logros en muchos terrenos, pero debo advertir que a lo largo de todo el continente asistí al mismo falso conflicto entre desarrollo y protección ambiental. Aún no se comprende muy bien que podemos desarrollarnos sin destruir la Amazonia, sin arrasar las montañas y sin pudrir los ríos, mediante planificación estratégica y racional, intervención y regulación gubernamental que ponga límites a la codicia y al "viva la pepa" de la mal llamada "libertad de mercados". Ya lo había previsto ese gran visionario que fue Perón, que hace cuarenta años llamaba a proteger los tesoros naturales de América Latina ante la codicia expoliadora. Perón estaba muy preocupado por la sobreexplotación de los recursos a nivel mundial y sostenía que la Humanidad por ese camino no podría transitar mucho tiempo, algo que muchos que se dicen peronistas desconocen.

3) EL AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

Una de las razones de apoyo al kirchnerismo consiste en su política de derechos humanos. Por eso son de esperar del gobierno políticas ambientales más protectoras, sobre todo en materia de megaminería y expansión incontrolada de la frontera agrícola a causa de la sojización. El derecho a un ambiente sano y equilibrado es también un derecho humano fundamental, uno de los llamados "derechos de tercera generación", que se encuentra reconocido en el art. 41 de la Constitución nacional y en instrumentos internacionales. Creo y espero que el Gobierno defenderá también este derecho humano sin dejarlo librado a las malas políticas y las necesidades de corto plazo de los gobiernos provinciales

Los pueblos tiene derecho a desarrollarse y también a que este desarrollo sea "sustentable", es decir, respetuoso del medio ambiente, al que deben preservar y no deteriorar innecesaria o irracionalmente. Ya lo decía Néstor Kirchner en Gualeguaychú, durante el conflicto por las papeleras: "TENEMOS QUE DEFENDER NUESTRAS COSAS, NUESTRA GENTE, NUESTRA TIERRA. TENEMOS QUE ABRAZARNOS A NUESTRA BANDERA Y AMAR A LA TIERRA PARA PODER CONSTRUIR LA SOCIEDAD QUE NOS MERECEMOS (...) LOS PRIMEROS QUE DEBEN DAR EL EJEMPLO SON EL PRESIDENTE, LOS FUNCIONARIOS, LOS GOBERNADORES Y LOS INTENDENTES"

4) NO HAY QUE REGALAR LA BANDERA AMBIENTAL A LOS OPORTUNISTAS

Aún frente a los reclamos más legítimos aparecen inevitablemente los opositores oportunistas y los medios monopólicos que, con su hipocresía, pretenden sacar provecho. Pero ello no descalifica per se al reclamo. Es muy tonto atribuirlo todo a la malicia de un multimedios, al extremo de justificar la represión y burlarse de los pueblos cordilleranos. Actuar así, tan neciamente, es ponerse en el preciso lugar donde la oposición quiere que esté el oficialismo, para pegarle mejor. ¿Cómo es que hay algunos compañeros que no lo comprenden? ¿No ven que lo que más ha irritado y descolocado a los opositores fue la capacidad de Néstor y Cristina de estar siempre en sintonía con la gente y no reprimir nunca? Y si alguna política ha sido equivocada, el revisarla no es signo de debilidad sino de inteligencia.

La defensa del medio ambiente no es sólo algo políticamente conveniente. Sobre todo, es un acto de inteligencia previsora a largo plazo y de justicia con los pueblos cordilleranos.

Gentileza de Jorge A. Allievi

Día de la Antártida Argentina

2012-02-16T02:59:00.000-08:00

1904 – 2012 - 22 de Febrero - 108 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida

El próximo miércoles 22 de febrero de 2012 se conmemora el Día de la Antártida Argentina y se cumplen 108 años de permanencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta, fueron los únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye uno de los más importantes avales de nuestros títulos de soberanía en el área.

Muy pocos son quienes saben que el 22 de febrero es el Día de la Antártida Argentina y esto se debe a que en esa fecha las escuelas permanecen en receso escolar y por consiguiente no se enseña ni se difunde al respecto, como ocurre con otras conmemoraciones patrióticas que están en el Calendario Escolar, las que son recordadas en el transcurso de nuestra vida, porque lo que se aprende de niño en la escuela, difícilmente se olvide; quedando grabado para siempre en la memoria y en los sentimientos.

Como paliativo a esta situación de desconocimiento, ante nuestras reiteradas manifestaciones, en algunas provincias del país, como Buenos Aires, han incluido en el Calendario Escolar el día 21 de junio como el "Día de la Confraternidad Antártica", fijándose como objetivo, "promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico". Más Información al respecto, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/confant.htm

Para ampliar información sobre el Día de la Antártida Argentina, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/diaantartida.html

VISITE EL MUSEO ANTARTICO DE LA FUNDACION MARAMBIO

El Museo de la Fundación Marambio, sito en la calle Cerrito 4094, casi esquina Paraná (altura 6650) de la localidad de Villa Adelina, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, en el mes que se conmemora el del Día de la Antártida Argentina, tiene sus puertas abiertas para que sea visitado de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 14 a 18 horas, con entrada libre y gratuita; los esperamos.

Mas información y mapa para llegar al Museo, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/museovillaadelina.html

Saludamos afectuosamente.

FUNDACION MARAMBIO
Prensa
prensa@marambio.aq

Adiós Poeta Bernardo Tapia Rojo

2012-02-16T02:56:00.000-08:00

Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento del querido poeta chileno BERNARDO TAPIA ROJO quien tuvo una destacada participación en el I FESTIVAL MUNDIAL DE ECOPOESIA que organizamos el 2009.

Les invitamos a ver un video en el que expresa un hermoso mensaje sobre su compromiso con la poesía, la conservación ambiental y la confraternidad universal.

En el siguiente enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=jDBz3AClALA

También los invitamos a ver el blog que difundimos con motivo de su participación en el referido festival:

http://poetasuniva.espacioblog.com/post/2009/09/02/poeta-bernardo-tapia-chile-i-festival-mundial-ecopoesia

En el marco del IV Festival que desarrollaremos del 22 al 26 de agosto del presente año en la ciudad de Tumbes tributaremos un homenaje a este distinguido hermano poeta.

POETAS UNIVA – Consejo Directivo.

TUMBES – PERÚ.